Las recientes declaraciones de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, desataron un intenso debate en medios y redes sociales. Su frase: “Arranquemos hoy para que en un futuro próximo podamos asegurarle a la gente que cuando gobierna Morena no hay baches, cuando gobierna Morena no hay problemas de drenaje, cuando gobierna Morena no hay problemas de alumbrado público”, fue sacada de contexto y utilizada para atacarla.
Sin embargo, más allá de la polémica mediática, lo relevante es la reflexión que abre: los servicios públicos municipales son responsabilidad constitucional de los ayuntamientos, y la crisis que vivimos hoy es consecuencia de décadas de corrupción y abandono del PRIANISMO.
El artículo 115 constitucional establece con claridad que los municipios deben garantizar agua potable, drenaje, alumbrado, recolección de basura, mercados, panteones, calles, parques y seguridad. El estado puede coordinar y apoyar, pero la obligación principal es local. No son aspiraciones ni promesas, son mandatos legales que durante años fueron incumplidos.
La realidad actual no se explica sin mirar atrás. Los baches, drenajes colapsados y alumbrado obsoleto son la consecuencia directa de gobiernos priistas y panistas que privilegiaron intereses privados sobre el bienestar público.
En Hidalgo, por ejemplo, bajo la administración de Omar Fayad se autorizaron fraccionamientos en zonas de riesgo sin supervisión, la Contraloría depuró al 68% de contratistas por irregularidades, y la llamada “Estafa Siniestra” desvió recursos masivos dejando obras de baja calidad. Esa corrupción dejó ciudades fragmentadas, servicios deficientes e infraestructura en ruinas.
El crecimiento desordenado de las ciudades fue una constante: fraccionamientos sin drenaje, calles mal diseñadas y luminarias obsoletas. Se invertía en lo barato, en lo inmediato, en lo que generaba contratos jugosos para constructoras cercanas al poder. Los sistemas de agua se construyeron con materiales deficientes, las vialidades sin estándares adecuados y el alumbrado con equipos que hoy resultan inseguros y
costosos. No fue accidente: fue complicidad sistemática entre autoridades y empresarios.
La herencia tóxica también alcanzó parques y áreas verdes, abandonados hasta convertirse en espacios inseguros. Se sacrificó la convivencia comunitaria en nombre de proyectos más rentables para unos cuantos. En seguridad, la corrupción en las policías, la falta de prevención y de inversión dejaron a municipios vulnerables frente a la violencia. Décadas de omisiones marcaron el panorama que hoy enfrentamos.
Frente a esta realidad, el reto de Morena no es solo técnico, sino político: recuperar la confianza ciudadana. Eso implica escuchar a la gente, rendir cuentas y explicar la realidad fiscal: para tener más y mejores servicios, los municipios requieren recursos. Y eso significa que debemos cumplir con impuestos como el predial o el agua.
El PRIANISMO sembró un círculo vicioso: malos servicios generan desconfianza, la desconfianza baja la recaudación y la falta de recursos impide mejorar servicios. Romperlo será tarea de Morena, construyendo una cultura de responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía.
La polémica también dejó ver el papel de ciertos medios conservadores, que tergiversan frases y fabrican escándalos para proteger al viejo régimen. No se trata de errores periodísticos, sino de una estrategia calculada para minimizar la corrupción heredada y golpear a quienes representan un cambio.
Estos medios responden a intereses económicos que se beneficiaron del PRIANISMO. Ante ello, la ciudadanía debe ejercer pensamiento crítico: verificar fuentes, buscar contexto y no dejarse llevar por titulares diseñados para manipular.
Las declaraciones de Luisa María Alcalde deben leerse en su justa dimensión: como una meta a alcanzar, no como una realidad inmediata. Pero esa meta es posible si se gobierna con transparencia, eficacia y participación ciudadana.
La herencia tóxica del PRIANISMO está en nuestras calles, en la inseguridad, en la falta de espacios públicos. Superarla exige voluntad política y corresponsabilidad social. Cada bache reparado, cada luminaria encendida, cada parque recuperado será la prueba de que se puede gobernar distinto.
El futuro de nuestros municipios no depende solo de quién gobierne, sino de nuestra capacidad colectiva para construir una nueva cultura política: más honesta, más transparente y verdaderamente al servicio del bien común.