Las organizaciones sociales en México tienen una larga trayectoria, han jugado un rol muy importante en la historia del país y muchas de ellas han estado articuladas al proceso y la operación política. En un principio, las organizaciones obreras, campesinas y las representativas de las clases medias y populares, rurales y urbanas, sellaron una alianza con el Estado Mexicano, cimentada en determinados acuerdos trascendentales o “compromisos históricos” en torno a las principales reivindicaciones históricas de sus representados.
Después de haber terminado la revolución mexicana, se desarrolló y desafió un marco institucional con incidencia especial en los derechos de propiedad de la tierra rural. Surgieron el ejido y el minifundio. “ La mayor parte de las tierras que cuentan con características de grandes extensiones, fragmentadas y de diversos propietarios son de temporal (no cuentan con riego o tomas de agua) y no generan el ingreso suficiente para la subsistencia de una familia campesina “. Por esta razón, un cambio trascendental hacia el desarrollo del Campo Mexicano fue la creación de las organizaciones sociales y su enfoque en el desarrollo social agropecuario a través de la participación.
Teniendo como antecedente que el 97% de los poseedores de tierra son pequeños productores con menos de 7 hectáreas de superficie cultivable y que desde hace más de 30 años debido a la subdivisión familiar de las parcelas entre ejidatarios y comuneros, hay más dueños con menos extensión territorial, es que se decidió promulgar en el 2001 la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), con el fin de lograr detener la fragmentación productiva.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) estableció las bases para promover y fomentar el desarrollo del capital social a través del impulso a la organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural. En otras palabras, la ley generó que hubiera una mejor organización y se generaran mejores condiciones para constituir nuevas sociedades y que estás pudiera organizar y congregar personas para beneficiarse entre todos.
En México existen alrededor de 56,700 organizaciones dividas en cuatro tipos que operan en el medio rural: económicas (83.2%), gremiales (8.8%), de la sociedad civil (4.9%) y comités sistema producto (1.2%). De todas las organizaciones, existen siete estados que concentran el 53.4% de las organizaciones del país. Estos son: Oaxaca (10.2%), Sonora (9.5%), Veracruz (9.2%), Chiapas (8.7%), Sinaloa (8.0%), Puebla (4.0%) y Campeche (3.8%).
A nivel nacional, las organizaciones en el medio rural realizan principalmente actividades en el sector agrícola (47.3%) y el sector pecuario (29.9%). En el caso de los Comités Sistema-Producto y las organizaciones económicas, las acciones se desarrollan principalmente en el sector agrícola, mientras que en el caso de las organizaciones gremiales estas se orientan principalmente al sector pecuario.
En los últimos años se han multiplicado los programas de fomento a la organización social rural, tanto por motivos económicos como sociales, bajo los cuales se mantiene la creencia de que la pertenencia a una organización social permite a los productores realizar acciones colectivas de manera más eficiente que a nivel individual. Bajo este enfoque se asume que las organizaciones reflejan intereses colectivos comunes, permiten reforzar la construcción de capital social de los miembros del grupo e inciden de manera más determinante en la definición de políticas públicas y en la orientación de los recursos públicos.
No obstante lo anterior, existen algunos estudios (cómo los de la FAO) que demuestran que el desarrollo institucional de las organizaciones aún es muy deficiente y que no han dado los resultados esperados en términos de acciones colectivas. Incluso, algunos estudios determinan que cuando las organizaciones cooperativas han sido creadas desde arriba (desde un orden e involucramiento político/gubernamental), ha faltado la participación genuina de los asociados. Como consecuencia y con frecuencia, éstos llegan a ser extraños a sus propias organizaciones, con poca o ninguna influencia sobre cuestiones que conciernen directamente a ellos. Y por esta razón se comienzan a dar casos de corrupción y lavado de dinero entorno hacia el dinero que “se mueve en estas organizaciones”.
Como en muchos casos, algunas de las razones por las cuales las organizaciones sociales no han resultado efectivas, ha sido por la corrupción, por el pésimo acceso a la información y por la nula capacitación.
Pero soy lo suficientemente optimista como para pensar que estos factores pueden terminar y podemos (y debemos) cambiar la manera en que las organizaciones sociales son vinculadas.
Las organizaciones sociales del campo son de gran importancia ya que permiten tener una mayor estructuración, desarrollar una mayor participación y brindarle “atributos” administrativos y operativos a los socios de estas. Además, las organizaciones se diseñan para maximizar los beneficios, utilidades y surgen porque es necesario repartir los costos asociados a la gestión del intercambio y al logro de economías de escala.
Algo que resalta de la conformación jurídica o legal de los grupos de productores, es que con este mecanismo se logra que los apoyos gubernamentales y financiamientos bancarios sean más accesibles y de mayor tamaño.
El gran reto del Gobierno Mexicano entorno al Campo y la consolidación efectiva de las organizaciones sociales va en función de cuatro cosas fundamentales: 1) la planeación efectiva de la producción de alimentos de acuerdo a su potencial productivo por zonas, estados y municipios (pero siempre teniendo en cuenta la producción en función de la seguridad alimentaria y la rentabilidad de los cultivos), 2) la capacitación de los productores con la finalidad de tener personas y organizaciones con herramientas efectivas, objetivos y metas claras, 3) la organización entorno hacia la comercialización con el fin de consolidar mejor una cadena agro comercial, 4) vigilar y transparentar el gasto público federal y estatal, para terminar con la corrupción.
Para que esto suceda es necesario que haya un involucramiento efectivo por parte de los empresarios responsables, las organizaciones de empresarios y los académicos.
Las organizaciones sociales pueden consolidarse cómo el futuro de la organización entorno hacia los pequeños productores ya que les daría posición, voz y voto en los mercados comerciales y además les ayudaría a transformar las regiones en dónde se encuentran ubicados.
Es por esto que considero importante que se cree una mesa redonda en dónde se conjunten académicos, empresarios responsables y gobierno, con el fin de desarrollar una planeación efectiva y crear estrategias que vean por las organizaciones conformadas por pequeños productores, con el fin de darles herramientas, información y capacitación para tener proyectos de inversión que contribuyan a generar riqueza, bienestar social, preservar el medio ambiente y potencializar el talento humano.
Estoy completamente consciente que todos los actores tenemos que involucrarnos para sacar adelante el Campo en México. Por qué México tiene un gran futuro, y el futuro de México está en el campo.