En los próximos diez años, la ventaja competitiva de una región no la definirá únicamente su ubicación geográfica, su infraestructura logística o su disponibilidad de talento. La definirá la velocidad a la que su gobierno responde, y esa velocidad, hoy, es una decisión tecnológica. El gobierno que no digitalice su relación con el sector productivo de forma estructural —no cosmética— perderá la inversión que viene. No porque los empresarios sean impacientes, sino porque en un mundo donde una empresa puede elegir entre instalar su operación en Hidalgo, en Querétaro, en Colombia o en Polonia, el costo de la burocracia es un factor de decisión tan real como el precio del suelo o la tasa impositiva.
El impuesto que no aparece en ningún prospecto de inversión
Las micro, pequeñas y medianas empresas en México dedican en promedio 506 horas al año a la gestión de obligaciones administrativas y regulatorias. El exceso regulatorio le cuesta a la economía mexicana cerca del 3 por ciento del PIB. Son horas y recursos que no van a producción, a innovación ni a empleo, son el precio de relacionarse con un Estado que aún opera bajo una lógica diseñada para el siglo pasado: presencial, fragmentada y discrecional.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que los trámites digitales se resuelven un 74 por ciento más rápido que los presenciales y cuestan una fracción al erario. La diferencia no es tecnológica en el sentido superficial, es estructural. Cuando un proceso ocurre en una plataforma digital, las reglas son públicas, las validaciones son automáticas y cada acción queda registrada. De este modo, el Estado deja de ser un obstáculo y empieza a ser una plataforma.
Hidalgo: construyendo el Estado como plataforma
En Hidalgo estamos apostando por ese modelo. A través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria hemos publicado 38 acuerdos, intervenido 158 trámites innecesarios y eliminado 376 requisitos que simplifican la relación entre el gobierno y el sector productivo. Pero la simplificación es solo el diagnóstico. La transformación real está en la arquitectura que la hace permanente.
El principio que guía nuestro trabajo es uno: que el ciudadano o empresario entrega su información una sola vez. Si el Estado ya tiene un documento, es obligación del Estado consultarlo internamente. Para eso desarrollamos el Expediente Digital, una cartera digital donde el usuario concentra sus documentos y los reutiliza en cualquier trámite, y Llave Hidalgo, una plataforma de identidad digital que permite acceder a todos los servicios del gobierno con un solo acceso vinculado al CURP. Complementamos esto con un motor de pagos que elimina la necesidad de gestiones presenciales para trámites que requieren cobro.
El objetivo no es digitalizar la burocracia existente. Es rediseñar el proceso de extremo a extremo: solicitud, validación, seguimiento y resolución completamente en línea, con validez jurídica plena. Sin ventanilla, sin intermediario y con trazabilidad total.
La Agencia de Transformación Digital: institucionalizar el cambio
Para que este modelo no dependa de una administración sino de una institución, Hidalgo avanza hacia la creación de una Agencia de Transformación Digital con atribuciones transversales. Su función es garantizar que ninguna dependencia diseñe un trámite sin pasar por estándares de simplificación, interoperabilidad y experiencia de usuario. Cinco componentes articulan su operación, basados en la rectoría digital, simplificación administrativa, interoperabilidad de datos, desarrollo de plataformas y monitoreo de resultados.
Esta es la diferencia entre un proyecto y una política pública. Los proyectos terminan, las políticas públicas institucionalizadas generan certeza y esta, para un inversionista, vale más que cualquier incentivo fiscal.
La pregunta que definirá la próxima década
Los gobiernos que compiten por inversión en los próximos años no van a diferenciarse sólo por sus parques industriales o sus exenciones fiscales. Se van a diferenciar por su capacidad de responder rápido, con reglas claras y sin fricciones innecesarias. El gobierno que entienda eso primero tendrá una ventaja que no se replica con decreto.
En Hidalgo creemos que el Estado del futuro no pide documentos, los consulta. No tiene ventanillas, tiene plataformas. No controla a través de la discrecionalidad, genera confianza a través de la trazabilidad. Ese es el modelo que estamos construyendo y estamos convencidos de que los territorios que lleguen primero a ese estándar serán los que capturen la inversión que México necesita para crecer.