Muchos mexicanos guardamos hermosos recuerdos de aquellos lugares en donde pasamos nuestra infancia, pero muy particularmente la mayoría de los recuerdos que tenemos son en nuestros hogares. Desde la casa de los abuelos, los tíos y hasta la de nuestros padres, estos lugares son refugios en los cuales nos desenvolvemos, nos vinculamos con nuestros seres más cercanos y, sobre todo, sentimos esa sensación de tranquilidad y seguridad que convierte ese espacio en un hogar.
Lamentablemente desde hace varios años, la posibilidad de adquirir una casa o un departamento es cada vez más difícil, por lo que miles de familias no pueden establecer un hogar. Y esto también se refleja en que, siempre como un fantasma, está el temor y la incertidumbre de no poder llegar a fin de mes y tener el pago de la renta o la hipoteca. De esta manera, lo que para las generaciones anteriores era un refugio seguro, para las actuales se convierte en un espacio vacío en el que hay que estar siempre listos y preparados para ser echados a la calle.
El acceso a vivienda es un derecho humano reconocido internacionalmente. Sin embargo, en México la realidad es otra. Esto se debe básicamente a dos cuestiones: 1) En los últimos 16 años los precios de las viviendas han subido aproximadamente 42% en términos reales (por encima de la inflación), 2) Las remuneraciones salariales promedio han disminuido 21% en los últimos 16 años (aunque en el 2018 empezaron a subir).
Así de simple. La gente tiene menos dinero y las casas cuestan más.
En palabras del investigador de la Universidad de Guadalajara, Máximo Ernesto Jaramillo-Molina:
“Los salarios reales en México (es decir, descontando la inflación) han disminuido de forma constante desde hace 16 años. Llegaron a su punto más bajo en 2018 con la disminución de 29% de su poder adquisitivo.”
Es decir, del 2005 al 2018 disminuyó el poder adquisitivo de la población por casi el 21%. Esto es algo insólito. Durante 13 años nadie se dio cuenta (o no se quisieron dar cuenta) que el dinero cada vez alcanzaba para menos. Esto fue de forma drástica un fracaso neoliberal.
“Y aunque el poder adquisitivo se recuperó levemente entre 2019 y 2021, en cierta medida por el aumento del salario mínimo, el incremento se acotó por la crisis económica y la falta de políticas sociales para enfrentarla.” declara Jaramillo-Molina en una columna escrita en el medio Nexos.
Estos elementos ponen de relieve la grave desigualdad que, por desgracia, aún se vive en el país, ya que, según algunos informes, el 49% de los ingresos de los hogares más pobres se destinan al pago de la renta de una vivienda, mientras que el 90% de los ingresos generados por esas rentas son captados por el 10% de las personas más ricas de este país.
Por otro lado, según datos del INEGI, más de la mitad de la población en México paga alquiler (pagado por una o por varias personas) debido a que no tiene la posibilidad de obtener un crédito (y muchos, aún viven en casa de los papás, abuelos, etc). En ese sentido, no es casualidad que los estados que presentan más rezago en cuanto a la tenencia de una vivienda propia sean los estados del sur, como Guerrero, Tabasco y Chiapas.
La gentrificación y la financiarización, son los otros retos que presenta el sector de la vivienda. En el caso de la gentrificación, se trata de un fenómeno que culmina con la expulsión de la población que estaba asentada en una determinada zona y que se vuelve atractiva para personas con mayor capital económico y que en general suelen ser extranjeros. La obtención de viviendas por parte de esta población suele encarecer los servicios y en general el estilo de vida de esa comunidad, lo cual termina por echar de sus barrios a quienes ya no pueden pagar ese nivel de vida.
Finalmente, la financiarización de la vivienda consiste en que la casas se convierten en un instrumento de inversión con altos rendimientos y bajos riesgos, lo cual genera un mercado que responde a la mera especulación de los precios y que deriva en el acaparamiento de grandes complejos de viviendas por parte de capitales que muchas veces las dejan sin habitar, esperando que la plusvalía y/o el alquiler suban para poder lucrar con las mismas.
Por otro lado, dado que el objetivo de los desarrollos inmobiliarios es obtener el mayor lucro posible, suelen vender viviendas pequeñas y con bajos estándares de calidad. Este fenómeno también ha traído consigo la expansión de empresas como Airbnb, lo cual también eleva las rentas y hace más fácil especular con los desarrollos inmobiliarios en zonas de alta plusvalía.
Estos cambios en el mercado inmobiliario han afectado distintos estados de la República Mexicana y han traído otros problemas como, por ejemplo, la expansión de asentamientos sin tener una planeación adecuada de la disponibilidad de los servicios básicos como el agua.
Y aquí entramos al problema más importante que tiene el famoso “mercado negro” de la vivienda, o mejor dicho, los asentamientos irregulares. Se sabe que, si el estado no es capaz de brindar políticas públicas o regulaciones efectivas, el mercado encuentra su “nicho” derivado de la demanda de vivienda que existe. Es por esto por lo que es indispensable que el estado retome el eje rector del desarrollo inmobiliario, que esto se traduce en: política pública, programas sociales, compra de reserva territorial y proyectos de inversión que favorezcan el establecimiento de vivienda digna.
Para este sector, hay enfoques muy serios y con probada eficacia como lo es el caso de la empresa municipal de Viena Wiener Wohnen, la cual se dedica a gestionar la vivienda social. De esta manera, el Ayuntamiento es dueño de aproximadamente el 50% de los inmuebles en la zona centro de la ciudad,lo cual le permite, ser un actor preponderante en el mercado y asíevitar que los precios,así comoel mantenimiento de cada vivienda se exceda en cuanto a la pretensión de ganancia.
La vivienda social les permite a las personas rentar en zonas céntricas, las cuales tienen a la mano escuelas, parques y centros laborales, esto mejora sustancialmente el nivel de vida de las personas y reduce los gastos del Estado. Al momento de concentrar a la gente en algunas colonias, el transporte público cuesta menos y tarda menos en llegar, y los servicios públicos principales (agua, luz y gas) pueden llegar más fácilmente a toda la población.
Proporcionar a la población, de acuerdo a factores de bienestar social y no de especulación financiera como suele suceder en el mercado privado, eso es lo que debemos de hacer para poder solucionar este gran problema.
Se debe estudiar y tratar de replicar el modelo vienés o alguno parecido, ya que hay una necesidad cada vez más profunda y urgente para acceder a la vivienda. Existe una población joven, que ni en el mejor de sus sueños podría tener un hogar.
El derecho a una vivienda debe ser una parte medular de lo que en próximos años debe estar sujeto a regulación. Es el Estado quien puede limitar la financiarización, impulsar y fortalecer la obtención de créditos por parte de los trabajadores para adquirir una vivienda digna, con estándares de calidad éticos, en zonas seguras y con espacios verdes.
La vivienda en este país debe ser un derecho y no un lujo, aunque para ello tengamos que señalar y corregir un millón de veces a aquellos que piensan que la falta de un patrimonio es producto de la falta de inteligencia y no la consecuencia de un modelo neoliberal que extrae la fuerza de trabajo de los más pobres sin la mínima responsabilidad de ofrecerles un techo digno y propio para convertirlo en un hogar.
Miguel Ángel Tello Vargas
