La enorme contracción económica derivada de las medidas de distanciamiento social para mitigar el impacto del COVID-19 vuelve urgente la implementación de una respuesta de política económica por parte del gobierno.
La respuesta está obligada a atender tres elementos cruciales:
- Provisión de bienes y servicios básicos para hacer frente a la contingencia (materiales para hospitales, gobiernos locales, etc).
- Preservar las fuentes de empleo de la población (apoyo a los empresarios).
- Atenuar el impacto negativo que la contracción económica tendrá sobre los ingresos, particularmente de aquellos que menos tienen (mantener y desarrollar nuevos programas sociales).
Para que esto se lleve a cabo, es necesario un esfuerzo monumental no sólo en términos de diseño e implementación, sino por la cantidad de recursos que es necesario movilizar para que la acción del Estado sea efectiva.
Si bien el Estado mexicano sufre de una debilidad estructural en materia de ingresos (de varios años de una pésima estrategia de recaudación), la actual crisis sanitaria y económica lo encuentra en una posición de particular fragilidad.
Por un lado, la caída en el precio internacional del petróleo implica una gran reducción en los ingresos que por esa vía obtiene el Estado. A ésta se suma la caída en la recaudación tributaria fruto de la contracción económica. La suma de ambos provoca que el balance primario del sector público (ingresos menos egresos) pase de ser superavitario a deficitario.
El Endeudamiento
Ante este escenario, cualquier esfuerzo por movilizar recursos para atender la emergencia necesariamente implica alguna de las siguientes tres opciones:
- Reducir los activos del Estado (vender activos)
- Transferir recursos desde otras áreas del Estado a las áreas prioritarias (de programas sociales ineficientes a algunos nuevos)
- Contratar deuda en los mercados nacionales e internacionales.
Las primeras dos opciones, sin embargo, no son barriles sin fondo de las cuáles se puedan obtener los recursos necesarios para atender la crisis. En el caso de la reorganización del gasto público para destinarlo a las áreas prioritarias, es necesario recordar que a lo largo del último año y medio ya atravesamos un ciclo importante de adelgazamiento y reorganización del gasto público. Es decir, es difícil creer que aún quede mucho espacio para reorganizar el gasto, particularmente existiendo proyectos que se consideran inamovibles (por el presidente en si).
Por su parte, tampoco es claro que el liquidar activos cuyos flujos de ingresos estaban destinados a financiar programas y proyectos específicos sea la mejor forma de obtener recursos para esta coyuntura. Hacerlo implica desaparecer proyectos y programas que en su momento se consideró financiar con miras al largo plazo, y a la vez se trata de recursos que no es fácil volver a consolidar.
A todo esto, solamente queda una alternativa: EL ENDEUDAMIENTO.
Si bien las condiciones a las que se enfrenta México en los mercados internacionales no son las más favorables, en perspectiva histórica sí se trata de una situación en donde hay un exceso de liquidez en el mercado, haciendo que el costo de endeudarse sea relativamente bajo. De ahí que parezca que el principal freno al uso de esta fuente de recursos es la conceptualización, hecha por el presidente, del endeudamiento público como parte del programa neoliberal.
Esta concepción parece emanar de la experiencia mexicana durante la crisis de la deuda, así como del uso que hicieron los gobiernos anteriores de los recursos obtenidos vía emisión de deuda. Ello no evita, sin embargo, que sea una concepción equivocada.
La experiencia de los ochenta está ligada a que, en esos años, los préstamos obtenidos vía las instituciones internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) tenían asociadas una serie de condicionalidades que debilitaron a la economía. En particular, el acceso a esos recursos estaba condicionado a realizar un adelgazamiento del Estado a través de políticas de austeridad y privatización, con el fin de reducir el déficit público y pagar la deuda. Esta experiencia, si bien informativa, no puede convertirse en la base con la cual el gobierno evalúe si contratar deuda pública en el presente, en tanto que ni los recursos disponibles en los organismos internacionales tienen estas condicionalidades, y estas no están presentes en los mercados privados.
Si la razón por la que se cree que la deuda es neoliberal es por el uso que hicieron los gobiernos anteriores de los recursos obtenidos por esa vía. El uso que se le da a los recursos obtenidos vía deuda depende de las decisiones de política pública para los que se destinen. Si se considera que la deuda es neoliberal porque los gobiernos anteriores recurrieron a ella, se está confundiendo el carácter neoliberal de las administraciones pasadas con el hecho de que la deuda es sólo un instrumento de financiamiento más.
Inclusive, es necesario tomar en cuenta que México es uno de los países del G20 con el menor porcentaje de deuda con respecto al PIB (614.6 USD bn; 53%).
De hecho, el endeudamiento público es uno de los ámbitos en donde el actual gobierno puede marcar una gran diferencia con respecto a administraciones pasadas. Para lograrlo, tendría que destinar los recursos obtenidos por esta vía a atender las necesidades de las poblaciones y regiones más rezagadas en esta contingencia.
Además, la actual administración ya cuenta con un esquema por el cual pueden emitirse títulos de deuda que sólo pueden ser usados con esos fines: los Bonos Soberanos para los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Estos bonos obligan al gobierno a invertir los recursos obtenidos mediante su emisión en proyectos destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable y a cerrar las brechas de desarrollo existentes en el país. De hecho, por su estructura, los recursos obtenidos por esa vía estarían destinados a los programas que mayor estrés van a experimentar durante la contingencia.
Él incurrir en un déficit y financiarlo vía deuda no es necesariamente una política neoliberal, en tanto que su carácter lo otorga el uso que se le da a los recursos, no el instrumento por el que se obtienen.
Mientras menor sea el tiempo que permitamos que el uso indiscriminado de un adjetivo limite las opciones para atender la emergencia, menor será el costo que pagaremos como país.
FUENTES:
- https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10064528/09/19/Que-significa-un-superavit-o-deficit-en-economia.html
- https://www.ceicdata.com/en/indicator/mexico/national-government-debt
- https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm
- https://www.reporteindigo.com/reporte/la-deficiente-recaudacion-impuestos-mexico-deficiencias-espiral-problematicas-desigualdad/
- https://www.arenapublica.com/blogs/luis-monroy-gomez-franco/la-deuda-no-es-neoliberal
- https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
- https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
