El país genera millones de datos públicos cada día. La mayoría no produce ningún valor.
En 2013, el gobierno del Reino Unido tomó una decisión que transformó la relación entre Estado y economía digital: abrió al público datos geográficos, de transporte, salud y propiedad, y desarrolló la infraestructura necesaria para que empresas y desarrolladores construyeran servicios sobre ellos. El resultado fue tangible. Cinco años después, el Cabinet Office estimó que esta política generó más de 1,800 millones de libras esterlinas en valor económico para el sector privado. Los datos públicos, cuando se gestionan estratégicamente, se convierten en un habilitador de crecimiento.
México genera datos a gran escala en prácticamente todos los sectores. Desde registros laborales y expedientes clínicos hasta transacciones financieras, consumo energético, información catastral y datos educativos. Sin embargo, gran parte de este activo permanece subutilizado, almacenado en sistemas fragmentados, con baja interoperabilidad y limitado acceso para su análisis o aprovechamiento. El problema no es la falta de información, sino la ausencia de una estrategia para convertirla en valor.
Los casos internacionales muestran el potencial de este enfoque. India, a través de su iniciativa India Stack, desarrolló una infraestructura pública de datos que integra identidad digital, firma electrónica y sistemas de pago, sentando las bases para una economía digital que ha incorporado a cientos de millones de personas al sistema formal. Canadá, por su parte, ha impulsado políticas de datos abiertos que permiten a empresas de inteligencia artificial, salud y movilidad desarrollar soluciones sobre información gubernamental de alta calidad. En ambos casos, el Estado no sustituye al mercado: lo habilita.
Para el sector privado en México, este escenario representa una oportunidad estructural. Las startups, empresas de analítica de datos y firmas tecnológicas pueden desarrollar soluciones de alto valor desde plataformas de movilidad hasta sistemas de análisis de riesgo o herramientas de monitoreo en salud pública, siempre que exista acceso a datos confiables y estandarizados. Los territorios que avanzan en la apertura y gestión de datos tienden a generar ecosistemas más dinámicos y competitivos.
Desde la perspectiva gubernamental, el desafío es doble. Por un lado, construir capacidades institucionales para gestionar datos con estándares de calidad, interoperabilidad y seguridad. Por otro lado, garantizar la protección de la privacidad de los ciudadanos mientras se habilita el uso responsable de la información. Este equilibrio es clave para generar confianza y detonar valor económico.
México cuenta con uno de los activos más relevantes y menos aprovechados de la economía digital: la información que generan sus propias instituciones. Convertir ese activo en crecimiento requiere más que tecnología. Implica una decisión estratégica de política pública, orientada a transformar datos en mejores decisiones, nuevos mercados y mayor competitividad.
Miguel Tello